ADIÓS A LAS ARMAS

Navega hacia abajo para conocer más

ADIOS A LAS ARMAS

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, inauguró el Banco de Materiales Controlados (Banmac), un predio de unos dos mil metros cuadrados para almacenar hasta 150 mil armas secuestradas o decomisadas. Allí podrán guardarse en forma provisoria armas, municiones y pirotecnia para su próxima destrucción, según informó el Registro Nacional de Armas (RENAR), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “Hemos destruido más armas que ningún otro gobierno”, dijo la mandataria durante el acto. El banco "tiene la capacidad de destruir 150 mil armas, es el más grande de América". Cristina anunció que en unos meses se llegará "a las 300 mil armas destruidas".

Durante el evento, en el que se anunció la destrucción de 20 mil armas, que sumadas a las eliminadas en los últimos años, da un total de 292.366 armas destruidas. Además participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak; el secretario de Justicia, Julián Álvarez; el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral; Esteban De Gracia y el director del Registro Nacional de Armas, Matías Molle, entre otras autoridades nacionales y provinciales.

La Presidenta también afirmó: “Vamos a impulsar el reemplazo del RENAR por una agencia nacional de materiales controlados. Nosotros no queremos que la gente tenga armas. Queremos convertir al RENAR en una agencia nacional y que sea una política pública controlada por el Estado. Como sé que muchos legisladores trabajaron en proyectos que están en Diputados, los impulso para que conjuntamente con los funcionarios del área puedan aunar esfuerzos e impulsar la sanción de esta ley”.

El Banmac funcionará en General Manuel Savio N° 1700, localidad de Miguelete, en el partido bonaerense de General San Martín. El edificio posee un área para la destrucción directa e inmediata de armas de fuego y oficinas, salas de reuniones y espacios de trabajo técnico.

La ciudad de Carmen de Patagones nunca volvió a ser la misma luego de esa mañana del 28 de septiembre de 2004. Eran las 7.30 y los alumnos del Instituto N°2 Islas Malvinas esperaban en las aulas a que llegaran los profesores y preceptores. Junior, uno de los compañeros se paró frente a los bancos, fue hasta su pupitre a buscar una pistola 9mm, volvió al frente del curso y comenzó a disparar. Dos años antes habíamos visto en las pantallas Bowling for Columbine, la película de Michael Moore sobre la masacre en la Columbine High School y en 2003 Elephant, del director Gus Van Sant sobre el mismo episodio.

El país se despertó con esa noticia que parecía importada de la televisión norteamericana: un escolar ingresaba armado en la escuela donde estudiaba y disparaba contra sus compañeros. Tres de ellos murieron y otros cinco fueron heridos, dos de gravedad. Los medios de comunicación apuntaron al asesino y subrayaron la diferencia como patología: si era retraído, si vestía de negro, si tenía amigos entre sus compañeros. Incluso sobre la violencia se suele hacer una lectura liberal, desde el pánico moral, y se carga sobre el individuo antes de pensarla como un problema social o cultural. El padre de Junior, como se conoció al joven, era suboficial de la Prefectura Naval Argentina. Su hijo usó su arma reglamentaria para matar. Rafael Solich fue condenado a 45 días de prisión por negligencia al dejar el arma al alcance de un menor de edad.

Política criminal y prevención

Antes que una protección individual, las armas implican un riesgo social. Las posibilidades de morir por violencia armada aumentan si se tiene un arma en casa: ellas mismas serán apuntadas contra nosotros o nuestros seres queridos por alguien cercano.

Las políticas de desarme ciudadano apuntan a cambiar la matriz cultural donde ciertas violencias se desarrollan. El objetivo es erradicar el uso de armas en la resolución de conflictos interpersonales con las tragedias que conllevan. El observatorio de casos del Registro Nacional de Armas –Renar– indicó que el 12% de las muertes y lesiones registradas por los medios gráficos entre octubre y diciembre de 2013 ocurrieron por accidentes con armas de fuego.

DESARME

disminución de demanda + menos disponibilidad de armas

Se debe distinguir por un lado, la política criminal estatal y la persecución de delitos, y por otro las políticas de prevención social de la violencia. En 2005 se creó la Unidad Fiscal de Investigaciones de Armas y Explosivos. Su misión es “diseñar la investigación criminal y de persecución penal a ejercer en torno a los delitos cometidos con armas de fuego”. En sus primeros años relevaron que en los trámites judiciales que intervinieron, más del 60% de las armas no estaban registradas.

“Perseguir y eventualmente enjuiciar a los tenedores ilegales de armas de fuego es ante todo una política de persecución penal que hace al desarrollo de las tareas del Ministerio Público Fiscal. Desde esta área de políticas, el Estado interviene persiguiendo aquello que la ley establece como delito; sin embargo, no existe el objetivo puntual de prevenir la violencia en esta agencia estatal”, escribe el abogado e investigador Darío Kosovsky en El ciudadano sheriff. Armas y violencia en Argentina. Las políticas de prevención son diseñadas por el Renar con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil.

Para William Godnick, coordinador en la región del Programa de Desarme de las Naciones Unidas, el tráfico y la circulación de armas que escapan a la legalidad deben controlarse “con estrategias que incluyen medidas en cuatro áreas”. Por un lado: “control sobre el comercio legal y control sobre las existentes en manos del Estado y en manos privadas” y por otro “combate al tráfico ilícito y reglas legales claras sobre la posesión y uso de armas de fuego”.

Como medidas que sumen al control de las armas circulantes Godnick sugiere: “marcación secundaria de armas importadas como medida de control sobre el comercio legal, convenios bilaterales con países vecinos para intercambiar inteligencia sobre rutas de tráfico de armas y el desarrollo de normas armonizadas con países vecinos para prevenir casos donde una actividad que es delito un país sea solamente una falta administrativa en el país vecino”

Argumentos contra la violencia

La seguridad y el cuidado de la población también implican su desarme. Lejos de la cultura del miedo donde el ciudadano creía que debía autoprotegerse, el Estado es quien asume el rol de dar cuidado y asegurar la vigencia de los derechos. Quien adquiere un arma por temor a ser víctima de un delito lo hace desconociendo acaso que la mayoría de esas armas terminará matando o hiriendo a un miembro de su familia en un accidente, o que será usada en una discusión con alguien del vecindario, o como juguete mortal en manos de niños o adolescentes. Además, muchas de las armas en manos de la delincuencia fueron robadas de hogares.

Muertes por tipos de violencia

Elaboración propia a partir del Informe 2012 sobre Homicidios Dolosos realizado por el Instituto de Investigaciones de la Suprema Corte de Justicia.

muertes en ocasión de robo

Muertes en ocasión de robo en función del total de homicidios
Elaboración propia a partir del Informe 2012 sobre Homicidios Dolosos realizado por el Instituto de Investigaciones de la Suprema Corte de Justicia.


Las políticas de desarme intentan instalar una cultura de la no violencia donde los conflictos puedan resolverse con otro talante. En esta dirección, el Renar destruyó 292.366 armas en la última década en el marco del Plan Nacional de Desarme.

Reforzando los argumentos de una política de desarme ciudadano, el informe sobre homicidios dolosos del Instituto de Investigaciones de la Suprema Corte de Justicia permitió saber, además, que una de cada siete muertes en la Ciudad de Buenos Aires son en ocasión de robo. Si vamos al departamento judicial de San Isidro encontramos que una de cada dieciséis muertes fue en ocasión de robo pero que el 71% de las 64 muertes registradas durante 2012 fueron por conflictos intrafamiliares y riñas.

La violencia armada: ocasiona muertes evitables, destroza familias. En términos ciudadanos: eleva el individualismo, retrae a las personas al ámbito privado, fomenta la construcción de estereotipos de peligrosidad (los “otros”), descompone el tejido social y los vínculos barriales fundados en la solidaridad y la confianza.

Género y armas

“Como dato relevante uno puede ver que muchas de las armas las entregaron las mujeres. Si bien estaban registradas por hombres, muchas personas que entregaron armas en el Plan fueron mujeres. Porque tienen otra relación con la vida por el hecho de que pueden darla, me parece que son las más valientes a la hora de tomar una decisión de estas características: sacar el arma del hogar, ir y entregarla”, dice Matías Molle, director del Renar.

Casi el 98% de los compradores de armas son varones. También quienes las fabrican, venden y usan. Las principales víctimas de las armas son varones jóvenes, pero las mujeres sufren esta “violencia desproporcionadamente, dado que casi nunca son compradoras, propietarias o usuarias de dichas armas”, anota Amnistía Internacional en su informe “Los efectos de las armas en la vida de las mujeres”. Si son víctima de violencia de género, el riesgo de morir también aumentará. Además, según AI, hay otra forma de padecer los efectos de la violencia armada: “Las mujeres se convierten en las principales proveedoras de sustento y cuidadoras cuando los familiares varones mueren o resultan heridos o incapacitados”.

Son ella quienes cumplen un rol social importante en el desarme y muchas campañas las tienen como interlocutoras tanto en nuestro país como en Brasil o en España, por ejemplo. Según el informe de la General Social Suvey, de la Universidad de Chicago, entre 1977 y 2010 viene decreciendo el número de hogares estadounidenses con armas. Aunque sigue teniendo la población más armada del mundo, la paulatina disminución en un 40% en poco más de veinte años se debe al crecimiento de hogares a cargo de mujeres. Lejos de sentirse protegidas, las mujeres identifican las pequeñas armas como un riesgo futuro, por eso son aliadas en la construcción de la paz social y en la defensa de los derechos humanos.

Campañas de desarme civil

Navega hacia abajo para conocer más

Pablo y Andrés Piccioli volvían de la casa de su hermana Ileana en el country Indio Cuá. En ese octubre de 2005 Pablo tenía 18 años y Andrés 22. Habían ido a pasar el domingo pero ya entrada la tarde se subieron al Renault Clio y tomaron la Panamericana hacia la capital. Se sobresaltaron cuando el conductor de un Daihatsu Charade hizo una mala maniobra y rozó su auto. Cuando llegaron al peaje de Pablo Nogués se bajaron del Clio y fueron directo a increpar a Edgardo Petrocchi. Andrés contó que pateó el neumático del Charade.

Petrocchi trabajaba como gerente en una empresa de seguridad privada. Sabía manejar armas pero no tenía permiso para portar la pistola calibre .38 que tenía en el auto. En cierto momento de la discusión fue a buscarla y le disparó a Pablo en el abdomen, a menos de 50 centímetros de distancia.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°6, presidido por Javier Mariani, e integrado por Patricia Toscano y Mario Yutiz, condenó a 15 años de prisión a Petrocchi. El veredicto fue resuelto por mayoría, ya que el presidente del Tribunal quería condenar a 19 años. Es que según Mariani, se debió tener en cuenta como agravante el fallecimiento de la abuela de Pablo. Cuando Ángela Gatti se enteró del asesinato de su nieto, se descompensó y murió el mismo día del crimen.

Dante Piccioli, el padre de los muchachos,
integra la Red Argentina para el Desarme

Mendoza : arte y conciencia

Entre 2000 y 2001 la provincia de Mendoza fue pionera en Sudamérica en políticas de desarme voluntario. La campaña fue exitosa y tenía consignas fuertes: "¿Sos un asesino?, entonces desarmate", "Una sociedad armada es una sociedad enferma", "El que tiene un arma está dispuesto a matar". Trabajó simultáneamente con escuelas, clubes deportivos, centros culturales, gremios y, además de recuperar armas de fuego, recolectó juguetes bélicos que fueron destruidos. Muchas de las armas recuperadas en Mendoza se convirtieron en esculturas gracias a la iniciativa de Eliana Molinelli y la colaboración de más de ochenta artistas que expusieron en el Palais de Glace. La muestra se llamó “Propuestas artísticas para la convivencia y el desarme”, organizada entre la entonces Secretaría de Cultura de Nación y la Universidad Nacional de Cuyo.

  • Manos anónimas

    Eliana Molinelli (f. Daniel Serio)
  • Para una sociedad lisiada

    Alberto Bastón Díaz (f. Federico González Lentini)
  • Post Producción

    Dimas Allende (f. Federico González Lentini)
  • Bandera patria

    Claudia Aranovich (f. Federico González Lentini)
  • Espiral

    Mary Guallar (f. Federico González Lentini)
Anterior Siguiente

La ONU dio apoyo y realizó el monitoreo. Así, el plan fue presentado por el país ante la Asamblea Mundial de Control de Armas en 2001. Con esta experiencia en marcha, distintas organizaciones crearon la Red Cuyana para el Desarme.

Brasil: participación ciudadana

Brasil también hizo su recorrido. En 2003 el Congreso Nacional aprobó el Estatuto do Desarmamento. La edad para adquirir un arma en el mercado se elevó a 25 años, se prohibió la portación a la población civil y se obligó a los fabricantes a marcar las municiones y armas. Brasil venía del escalofriante contexto de 32 mil víctimas anuales de armas de fuego y el único país donde mueren más personas por violencia armada que por accidentes de tránsito (sin estar en guerra).

Los datos fueron registrados por Josephine Bourgois (Viva Río) y Denis Mizne (Sou da Paz) en el artículo “Brasil: el desarme en marcha”. Ambos pertenecen a dos de las ONG’s que en 2006 impulsaron el primer referéndum de la historia de aquel país.

El referéndum fue impulsado por el expresidente Lula da Silva y tuvo una sola pregunta “¿Se debe prohibir la comercialización de armas de fuego y municiones?”. Se realizó para dar validez al artículo 35 del Estatuto que prohibía la venta de armas y municiones a civiles. Si bien el resultado fue negativo y el 64,1% se pronunció por el NO, una encuesta a esos mismos votantes arrojó el dato de que el 80% jamás compraría un arma. La amplia difusión de la campaña por el NO contó con el apoyo económico de los fabricantes de armas.

Nacionalizar el desarme

En noviembre de 2004 se fundó la Red Argentina para el Desarme (RAD). La fecha no es casual, el caso de Carmen de Patagones mostró a la ciudadanía la peligrosidad de tener armas en los hogares. En 2007 el entonces presidente Néstor Kirchner conformó un equipo de trabajo en el que participaron distintas organizaciones y se creó el Programa Nacional para la Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

En Argentina la Ley N° 26.216, que entró en vigencia en 2007, reconoce la relación entre el desarme, la salud y la economía. En su primer artículo declara la “emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o no registrados”. La ley preparó el terreno para la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo económico. Además, promueve una cultura de la no violencia.

Si comparamos los datos que gravitan alrededor del dramático post diciembre de 2001, podemos ver que las muertes ocasionadas por armas de fuego bajaron en la última década en un 30%.

Muertes por arma de fuego y por otros mecanismos

Elaboración propia a partir de bases de datos de mortalidad proporcionadas por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación (DEIS-MSN).


El Renar dispuso puntos de recepción móviles a lo largo del país. Además de las 166.885 armas recolectadas, se destruyeron más de 1.300.000 municiones. Los ingresos obtenidos se donaron a una entidad de bien público. En Argentina también se realizan actividades con niños donde se cambiar juguetes bélicos por otros para formar a futuras generaciones en una cultura de la paz.

El Programa recibió el anteaño pasado el premio Política del Futuro 2013 (Future Policy Award 2013), que otorga Naciones Unidas a través de la Oficina de Asuntos de Desarme (UNODA), el Consejo Mundial del Futuro y la Unión Interparlamentaria. Se trata de una distinción que celebra las soluciones políticas innovadoras para el desarme. El ministro de Justicia, Julio Alak destacó al recibir el premio que “el cambio positivo es posible cuando hay voluntad política”.

Hacia el cambio cultural

Navega hacia abajo para conocer más

La ciudad de Ceres está al norte de Santa Fe y andando en bicicleta media hora se puede cruzar a la provincia de Santiago del Estero. Hasta hace unos años tenía menos de 20 mil habitantes que ya están acostumbrados al sonido del tren que pasa por el medio de la ciudad llevando productos minerales y cerealeros para el puerto de Rosario.

La casa de la familia Viotti está en la calle Altamirano y Mitre. La mamá, Vanesa, estaba bañando al más chico de sus seis hijos, de un año. Luciano, de 9, estaba jugando con el de 8 y el de 5 en una habitación. El papá, Fabián, estaba trabajando como todos los días en la construcción. Es albañil y se dedica a hacer las terminaciones.

Los hermanos encontraron una escopeta que estaba escondida sobre un ropero. Cuando Vanesa escuchó el estruendo corrió a ver a los niños. El de 5 y el de 8 estaban aturdidos mirando a Luciano, en el piso. Murió cerca de las 6 de la tarde. La escopeta se accionó fatalmente.

Seguridad democrática

El director del Renar, Matías Molle explicó a Infojus que “El concepto de desarme fue pensado de manera global y hay muchas políticas destinadas a restringir el acceso y la demanda”. En 2013 el Renar sacó una resolución por la cual se hacen públicas las solicitudes de nuevas licencias. Los nombres de los solicitantes permanecen en la página web del Renar durante quince días y los ciudadanos pueden presentar oposiciones a la entrega de licencias a esas personas. La posibilidad de oponerse, sin embargo, permanece abierta más allá de esos quince días.

Portaciones entregadas por el Renar

“También hemos sacado normativas –agregó Molle– que tienen que ver con cambiar los sistemas de guarda en armerías, de usuarios, ser más rigurosos en esa cuestión. Ahora estamos con un proyecto para cambiar los exámenes psicofísicos para aquellos que solicitan la tenencia de un arma. Y estamos por inaugurar un nuevo centro de depósito de armas que va a ser el más grande del país, con tecnología aplicada a cada uno de los procesos”. Se trata del Banco Nacional de Materiales Controlados, instalado en el partido de San Martín. Allí irán las armas que están dispersas en los juzgados, por ejemplo, y que quedaron en custodia oficial luego de procesos judiciales. “Siempre es más difícil vigilar muchos lugares que uno con mucha tecnología y mucha seguridad, por eso vamos a salir por todo el país a recolectar esas armas y a depositarlas en el BaNMaC”.

“Como Naciones Unidas nos interesa sobremanera” este lugar. Para William Godnick, el BaNMaC “sirve para sistematizar los datos sobre armas de fuego ilícitas, para poder identificar mejor de dónde provienen y poder tomar medidas preventivas hacia el futuro, incluyendo el intercambio información con países que podrán ser lugares de origen y/o de tránsito”.

Plan nacional de entrega voluntaria de armas de fuego

Leo Vaca
Anterior Siguiente

Encarar políticas de desarme civil supone cambiar el modelo sobre el que se asienta la seguridad pública. De políticas de mantenimiento del orden “a otra que promueve acciones tendientes a disuadir y prevenir hechos de violencia y construir un modelo de seguridad pública garante del pleno ejercicio y goce de los derechos y libertades adquiridos”, en palabras de la investigadora del ILSED Carola Cóncaro. El desarme es un ejemplo de lo que implica un nuevo modelo de seguridad democrática que confía en el Estado como garante de la misma y se opone a las especulaciones del comercio de la inseguridad y los discursos del miedo. Como vimos, las estadísticas vienen a reforzar la necesidad de un tipo de seguridad respetuosa y protectora de derechos adquiridos, que instale en su agenda la prevención de la violencia y nuevas formas de resolución de conflictos en miras de una sociedad pacífica.

CRÉDITOS

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Agencia Infojus Noticias
Director: Cristian Alarcón
Textos e investigación: Vanina Escales | Editores: María Eugenia Ludueña y Raúl Arcomano | Diseño: Kit Kitsch y Guido Volnovich | Fotografías: Leo Vaca | Dibujos: Kit Kitsch | Desarrollo web: Kirke | Coordinador audiovisual: Esteban Cuevas | Videos: Miguel Sáenz, Gerardo Villacorta y Guido Giordano (realización), Julián Desbats (edición).
Agradecemos especialmente a: Claudia Kloster, Fabián Viotti, Instituto de Investigaciones de la Suprema Corte de Justicia, Darío Kosovsky, Registro Nacional de Armas (Renar), Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).

Bibliografía para seguir leyendo:

Martín Appiolaza, “El desarme enfocado desde la comunicación. La experiencia del Plan Canje de Armas (Mendoza, Argentina)” en Dimensiones de la Violencia, San Salvador, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2003.
Antonio Bandeira y Josephine Bourgois, Armas de fuego ¿Protección? ¿O riesgo?, Río de Janeiro, Foro Parlamentario sobre armas pequeñas y ligeras, 2006.
Carola Cóncaro, “Políticas de desarme en Argentina”, disponible en: www.vocesenelfenix.com
Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Documentos varios, en: www.ilsed.org
Darío Kosovsky, El ciudadano sheriff. Armas y violencia en Argentina, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006.
Amnistía Internacional y Oxfam, Los efectos de las armas en la vida de las mujeres, disponible en: www.oxfam.org
Renar, Leyes, decretos y resoluciones disponibles en: www.renar.gov.ar
Small Arms Survey, Yearbook 2013, disponible en: www.smallarmssurvey.org
Hugo Spinelli, Gabriela Zunino y otros, Mortalidad por armas de fuego en Argentina, 1990-2008, Buenos Aires, Organización Panamericana de la Salud, 2011.